Aunque la mesa oficial de negociación formalmente aún no inicia su debate, los gremios del sector público comenzaron a mover sus piezas en el tablero económico e institucional. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) formalizó su postura inicial exigiendo un reajuste nominal del 6,3% en los sueldos de los funcionarios y funcionarias de la administración central y descentralizada del Estado, cifra que apunta a garantizar un incremento real directo del 2% por sobre el costo de la vida.

La propuesta gremial marca un giro respecto del proceso anterior. Cabe recordar que durante el último período el ajuste salarial contempló una fórmula escalonada que combinó un 2,0% aplicado desde diciembre de 2025 y un 1,4% adicional concretado en junio de este año, alcanzando una cifra acumulada del 3,4%.

El escenario macroeconómico en el que se enmarca esta nueva petición gremial está atravesado por el retorno de las tensiones inflacionarias. Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que registró una variación del 0,4% en septiembre, la inflación acumulada en el año escaló al 4%, situando la variación a doce meses en un 4,1%.

Desde la dirigencia sindical advierten que el poder adquisitivo de las y los trabajadores públicos se ha visto fuertemente mermado en los últimos meses. El aumento sostenido en el costo de la vida responde, en gran medida, a presiones externas sobre los precios de los combustibles derivadas del conflicto bélico en Medio Oriente y Ucrania, eventos que han impactado el transporte marítimo, la operación de refinerías y el costo del crudo a nivel internacional.

Frente a este escenario de encarecimiento de los bienes básicos y servicios fundamentales, la demanda por un 6,3% nominal busca establecer un piso de protección salarial efectivo. Para las asociaciones del Estado, no se trata solo de corregir el desfase generado por los precios acumulados de 2026, sino de asegurar que la discusión del reajuste contemple la realidad de sobrecarga y exigencia que enfrentan las distintas reparticiones públicas y la red asistencial.

Se espera que en las próximas semanas la CUT y la Mesa del Sector Público formalicen la entrega del petitorio completo a las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Trabajo, dando inicio a un debate legislativo que promete una estrecha vigilancia por parte de las asociaciones de funcionarios a lo largo de todo su trámite en el Congreso.

Las organizaciones que participaron del hito reiteraron sus expectativas de lograr el diálogo en un año especialmemte complejo desde la perspectiva de los recortes de presupuesto y otras expectativas para el primer encuentro con el Secretario de Hacienda. “Esta negociación se enfrenta por primera vez con un contexto marcado por fuertes recortes presupuestarios y un escenario político donde debemos resguardar con más fuerza que nunca la estabilidad laboral. Esperamos que las conversaciones en la mesa sean breves y resolutivas, evitando que el debate se dilate y que ambas partes alcancen un acuerdo conforme”, señaló Claudia Farías, Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud.