En el marco de una alta expectación política por el cambio de conducción en la cartera de seguridad, los directivos sindicales de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de las Subsecretarías de Prevención del Delito y de Seguridad Pública, en compañía del presidente de la ANEF, asistieron a las sesiones legislativas del Congreso para evaluar el nuevo rumbo gubernamental. Los representantes gremiales fijaron su postura frente al diseño presentado por el nuevo ministro de la cartera, Martín Arrau, advirtiendo que el éxito de la estrategia dependerá de no reducir la gestión a un mero listado de acciones punitivas.

Los dirigentes gremiales iniciaron su análisis abordando el complejo escenario que precede a la actual administración, señalando que los recientes acontecimientos en materia delictual demuestran que “todo plan serio ante un problema complejo involucra siempre una aproximación amplia e integral respecto a sus causas”. Asimismo, valoraron la llegada del nuevo secretario de Estado tras la gestión previa, calificando la transición como una “aliviante salida de la Ministra Trinidad Steinert y su Subsecretaria de confianza Ana Quintana -que dicho sea de paso dejaron la vara bastante baja en lo que refiere al desempeño de su rol político y técnico”.

Uno de los puntos mejor evaluados por las asociaciones de trabajadores in situ fue la decisión del ministro Arrau de respetar la institucionalidad vigente. Los funcionarios relevaron como un hecho positivo que la autoridad “haya ratificado la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, que el gobierno saliente elaboró y publicó gracias al esfuerzo conjunto de un amplio grupo de expertos”. Sobre este punto, los dirigentes enfatizaron que, “partiendo de la base de que no es necesario intentar descubrir la pólvora cada cuatro años, resulta apropiado y coherente que se visibilice y se le dé importancia a esta carta de navegación”.

Sin embargo, el gremio encendió las alarmas respecto a los riesgos de implementar un enfoque sesgado que ignore los mandatos de la Ley N° 21.730. Desde la perspectiva de los funcionarios, el principal peligro radica en desarrollar un esquema operativo que soslaye los pilares sociales de la seguridad. Al respecto, manifestaron que el desafío sistémico del Ejecutivo es evitar “cualquier sesgo ideológico de corte refundacional en la materia, que busque colocar el énfasis exclusivamente en el control, la sanción punitiva y la estigmatización –registro de vándalos de por medio-”. Para los trabajadores, “lo que debiera primar, según mandato legal y criterio de expertos, es llevar a cabo una política pública de enfoque integral”.

En esa misma línea, el comunicado enfatiza la necesidad de robustecer con urgencia los programas de prevención comunitaria y territorial que promuevan la cohesión social, además de agilizar la operatoria del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, al cual describieron como “hoy insólitamente descabezado y ralentizado”.

Hacia el cierre de la jornada legislativa, los representantes de las subsecretarías emplazaron formalmente al Ministerio de Seguridad Pública a transparentar las proyecciones y el financiamiento del diseño presentado. Los dirigentes fueron categóricos al señalar que “no basta con enunciar lineamientos generales o presentar un listado de acciones”, exigiendo que la autoridad precise de forma clara “cuáles serán las metas y costos específicos del plan propuesto, describiendo de forma clara y verificable también los tiempos en que espera lograrlas”.

Finalmente, las asociaciones recordaron que la legitimidad de la estrategia gubernamental ante la opinión pública dependerá directamente de su transparencia, concluyendo que “sólo el tiempo nos dirá entonces qué tan acertada será la implementación y resultados del nuevo Plan Operativo de Seguridad del gobierno, más allá de su actual contenido dentro de un librito anillado”.