La Contraloría General de la República emitió un requerimiento a la Subsecretaría de Justicia tras constatar que la repartición estatal omitió entregar la información solicitada respecto de una presentación ingresada por la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ). Dicha acción legal cuestiona el nombramiento de una Coordinadora para la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, en lugar de designar la figura legal de Director o Directora Implementador/a. El cargo institucional había sido asignado durante la administración anterior a la abogada Macarena Cortés, quien fue posteriormente desafectada de sus funciones por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
El pronunciamiento del órgano fiscalizador, fechado el 25 de agosto, reitera por segunda ocasión la solicitud de antecedentes y concede a la repartición pública un plazo perentorio de tres días hábiles administrativos para evacuar el informe requerido. Asimismo, el organismo apercibe expresamente a la autoridad, advirtiendo que el persistente incumplimiento facultará la aplicación de las medidas disciplinarias contempladas en el artículo 9° de la Ley N° 10.336.
Esta determinación se produce luego de que la Contraloría solicitara inicialmente los antecedentes mediante un oficio despachado el 13 de julio, fijando en esa oportunidad un término de 10 días hábiles. Pese a que dicho plazo fue prorrogado, la entidad gubernamental no remitió la documentación en los plazos estipulados.
Desde la FENADAJ, su presidenta, Victoria Escalante, cuestionó la omisión de la autoridad central y sostuvo que la dilación compromete la gestión de los servicios públicos del sector. Dijo que «resulta preocupante que el propio órgano contralor deba reiterar sus oficios e invocar facultades sancionatorias para obtener respuesta de una repartición de Estado», añadiendo que la ciudadanía que acude a la red asistencial legal no puede verse perjudicada por retrasos administrativos ni burocráticos cuando está en juego el ejercicio de sus derechos.
Escalante enfatizó que la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia constituye un mandato normativo vigente, indicando que el cumplimiento de la ley es un deber constitucional irrenunciable para el Poder Ejecutivo. Por ello, ratificó que la federación continuará impulsando las acciones institucionales correspondientes para asegurar la adecuada atención de los usuarios y la plena ejecución de la legislación aprobada por el Congreso Nacional.
Tras la notificación del oficio contralor, la Subsecretaría de Justicia dispone del plazo fijado para remitir la información exigida y evitar la apertura de procedimientos disciplinarios contra los funcionarios responsables.
