La Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (AFAEB) emitió una categórica declaración pública en respuesta a los dichos de la máxima autoridad de la institución en distintos medios de comunicación, quien aludió a presuntas irregularidades operativas y financieras en el Programa de Alimentación Escolar. El gremio manifestó «un enérgico rechazo a cualquier eventual acto de corrupción en la gestión pública, enfatizando la importancia de que estos hechos se investiguen y sancionen, pero siempre bajo un marco de debido proceso, celeridad, cautela y presunción de inocencia».
Los trabajadores expresaron su «absoluta disposición a colaborar con las indagaciones pertinentes, respaldados por el compromiso histórico del personal con la transparencia y la probidad». Sin embargo, manifestaron su profunda preocupación por el hecho de que la jefatura del servicio critique públicamente a la entidad que lidera, emitiendo juicios basados en descalificaciones o presunciones. A juicio de la asociación, «esta exposición pública daña injustamente la trayectoria de la institución, afecta los derechos de los trabajadores de base, deteriora el clima laboral y merma la confianza interna, por lo que exigieron a la autoridad ejercer su rol con responsabilidad y resguardar el capital humano».
Para aclarar el origen de las controversias, AFAEB precisó que los temas reflotados ya fueron desestimados en dos auditorías de la Contraloría General de la República, específicamente en el informe número 760 de 2022. Dichas fiscalizaciones establecieron que el problema de fondo radicó en el diseño de la licitación del año 2020. El gremio aclaró que los funcionarios de Junaeb no intervinieron en ese proceso, ya que, de forma inédita, las bases técnicas fueron confeccionadas por la empresa externa Inventia Consultores SpA, la cual fue contratada mediante trato directo por el director nacional de la época, Jaime Tohá.
Finalmente, la organización sindical hizo un llamado amplio a los funcionarios, a la ciudadanía, a las comunidades educativas y a las confederaciones de trabajadores a mantenerse en estado de alerta frente a lo que consideran «un intento de utilizar a Junaeb y sus programas como un botín político». Advirtieron que no aceptarán cuestionamientos que busquen validar medidas orientadas a recortar presupuestos, disminuir la dotación de personal o descontinuar cualquiera de las 35 iniciativas de apoyo estudiantil, especialmente el Programa de Alimentación Escolar. Al cierre de su comunicado, exigieron un trato respetuoso, digno y justo para los trabajadores del Estado.
