Por Tamara Madariaga Venegas
Vocera de Madres y Familiares de Personas con Discapacidad Psicosocial Encarceladas Ilegalmente
«No es No y hay una sola manera de decirlo. NO! […] NO es el último acto de dignidad. […] Ese No, no es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Y sólo quien sabe decir NO, puede decir SI»— Hugo Filkenstein
Quise comenzar con este extracto del poema argentino Hugo Filkenstein, porque es la forma más apropiada de referirme a la dignidad vulnerada de las personas con discapacidad psicosocial ilegalmente encarceladas en nuestro país. Pero junto a él, quiero sumar el poema «Los rotos» de Juan Maro, poeta y narrador, que circula en redes: «Hay rotos que viven bajo un puente. Rotos que regresan a casa sin que nadie los espere. Hay rotos de pan, de abrazos, de infancia, de futuro. Están los que tienen los bolsillos vacíos y una sonrisa que apenas alcanza para esconder sus grietas… Romperse no siempre hace ruido: a veces sucede en silencio, cuando una palabra no llega o cuando la esperanza aprende a caminar sola. Dicen que los rotos necesitan quien los repare, tal vez la cura sea la mirada tierna, un abrazo que no pregunte, la voz que nos recuerda que NO hay espacio alguno que sea más fuerte que el deseo de florecer… Todos estamos un poco rotos, buscando en el otro ese bálsamo invisible que nos alivie el camino.» ¡Ese deseo de florecer es el que el Estado se empeña en negar, hoy más que nunca!
El 11 de septiembre, el presidente de Chile, José Antonio Kast, en una entrevista en «La Mañana de Agricultura», dijo: «no corresponde que una persona muera en la cárcel». En esa línea, mencionó también la situación de Miguel Krassnoff, quien cumple condenas que en conjunto superan los mil años, y reiteró que las solicitudes deben ser evaluadas considerando las circunstancias particulares de cada interno. Ese día, su Gobierno decidió no conmemorar oficialmente el golpe de Estado de 1973. La frase no es un lapsus. Por eso es importante recordarle al presidente Kast que en Chile hay 1.162 personas que murieron en cárceles clandestinas, sin juicio, sin derecho a defensa, torturadas de las formas más brutales e inimaginables, y que siguen desaparecidas 53 años después. Y ninguno de los criminales de lesa humanidad condenados por estos delitos ha entregado información sobre su paradero, sin remordimiento alguno. Estos son los criminales que hoy el gobierno pretende indultar, para cerrar un ciclo histórico de impunidad y desmantelar derechos fundamentales. ¡Y esto es un gravísimo problema!
Cuando hay un problema, hay algo que hacer para resolverlo, pero sobre todo hay algo que saber. La pregunta es: ¿qué debemos saber para comprender por qué y cómo es posible que, mientras se pretende indultar a perversos criminales de lesa humanidad, personas con enfermedades mentales graves sean sometidas a tratos crueles e inhumanos o mueran en cárceles que nunca debieron pisar?
El NO al escándalo que revela el absurdo
La cárcel es una radiografía perfecta de la desigualdad, dejando de lado crímenes como los de lesa humanidad y violaciones, que son transversales a las clases sociales, la mayor parte de las personas encarceladas, proviene de contextos muy marginales y que han sido víctimas de vulneraciones de derechos, como el derecho a la educación y a la salud, entre otros, a lo largo de sus vidas. Por eso, también hay una desigualdad sobre lo que pudieron soñar sobre sí mismos y su futuro…
El 7 de septiembre, BioBioChile publicó «Saco roto: Fisco pagará $38 mil millones por sobrepoblación en cárceles concesionadas en 2026». El artículo no solo expone un escándalo financiero de las cárceles concesionadas: es la prueba de que el Estado está dispuesto a compensar económicamente el hacinamiento y las condiciones inhumanas, pero no a invertir en camas psiquiátricas, los peritajes oportunos y los equipos de salud mental que evitarían las muertes, en el caso de personas con discapacidad psicosocial grave, encarceladas ilegalmente. Frente a semejante escándalo, es necesario decir ¡NO a un sistema que premia con dinero la sobrepoblación mientras abandona a los más vulnerables!
El caso más crítico fue el Centro de Detención Preventiva Santiago 1: operó a un 158,9% de su capacidad en el segundo semestre de 2025, pagándose casi $3.858 millones solo por ese recinto. En total, en 2026 el Fisco pagará más de $38 mil millones, casi cinco veces lo desembolsado en 2025 ($8 mil millones). Entonces es necesario preguntarse: ¿es legítimo, ética y moralmente aceptable el incentivo perverso del pago adicional por cada persona hacinada en condiciones inhumanas? La respuesta es clara: ¡NO! Sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos. Porque cuando una persona es privada de libertad, solo pierde su derecho a la libertad, pero conserva el resto de sus derechos fundamentales. Pero el Estado prefiere pagar por mantener presos a «los rotos», a “los Nadie” de Galeano, antes que tratar las causas estructurales como la pobreza, la vulneración sistemática de DDHH, o invertir en prevención, y mucho menos en reinserción social ni rehabilitación.
El Ministerio de Justicia reconoce el «incentivo perverso» del sistema de concesiones. Sabe que premia a las cárceles concesionadas por tener más reos. Y, sin embargo, ha extendido las licitaciones manteniendo «las mismas multas que estaban en los contratos originales», como denunció el exdirector de Gendarmería Christian Alveal, quien las calificó de «draconianas» e «impresentables». El Estado conoce el problema, lo nombra y no lo corrige. ¿Y cómo nos va a sorprender todo esto, si el propio Ministro de Justicia afirmó “no conocer la reinserción social? La reinserción social, es un componente central de una política penal compatible con la dignidad humana, que, para este gobierno, es declarada como desconocida…
En cárceles tan violentas como Santiago 1, la gran mayoría de quienes están ahí, han sido víctimas de violencia estructural a lo largo de sus vidas y son considerados como «escoria» de la sociedad. Sin embargo, las verdaderas escorias están en Punta Peuco, con condiciones de lujo, a pesar de haber torturado, asesinado y hecho desaparecer a miles de compatriotas que no habían cometido ningún delito, más que soñar con un mundo más justo.
La impunidad como política de Estado: de ayer a hoy
La impunidad no es un accidente histórico. Es una política sostenida, que hoy se esgrime como un acto «humanitario». Mientras el presidente Kast analiza más de 100 solicitudes de indulto de condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet, argumentando que «no corresponde que una persona muera en la cárcel», en las cárceles chilenas son sometidas a tratos crueles e inhumanos y mueren personas con discapacidad psicosocial grave que nunca debieron estar allí.
La impunidad de los victimarios de la dictadura se entrelaza con la violencia institucional contra las víctimas de hoy. El mismo Estado que se prepara para «perdonar» a quienes torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer sin develar hasta ahora su paradero, es el que abandona a quienes, teniendo una discapacidad psicosocial grave, están en prisión ilegalmente. NO es una negación del pasado: es una corrección del futuro. Un futuro donde la impunidad se perpetúa.
La Hipótesis de Penrose: la cárcel como nuevo hospital psiquiátrico
La Hipótesis de Penrose, expuesta por el Dr. Adrián Mundt, postula una relación inversa entre la reducción de camas psiquiátricas y el aumento de la población penal. La desinstitucionalización psiquiátrica sin red comunitaria ha hecho que la institucionalización ocurra dentro de las cárceles. Las cárceles son los nuevos hospitales psiquiátricos. NO es una especulación: Kinsler y Saxman (2007) documentaron cómo el desfinanciamiento de hospitales y programas comunitarios llevó a crear «unidades de salud mental de 24 horas dentro de las prisiones«, proceso que llaman «re-criminalización de la enfermedad mental». Por su parte, Olley et al. (2009) describen el «limbo entre el sistema de salud y el de custodia de agentes del Estado« donde nadie asume la responsabilidad. La crisis chilena no es un fallo aislado: es la manifestación local de un fenómeno global, que ha decidido despojar de sus derechos a los excluidos, a “los nadie” y que puede expresarse con toda claridad y actualidad en una de las frases de la canción «El Baile de los que sobran» de Los Prisioneros: «Únanse al baile de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad.»
La criminalización de la enfermedad mental: cuando la crisis se castiga
En Chile, esta dinámica se materializa con crudeza. Las decenas de personas con discapacidad psicosocial en Santiago 1 y las 250 «contabilizadas» por Gendarmería de Chile a nivel país no son solo un problema penal: es una crisis de salud pública que el Estado ha abandonado a su suerte. Existe un solo hospital psiquiátrico con unidad forense para toda la RM (Hospital José Horwitz Barack), con 40 camas. Las personas que requieren internación urgente por mandato judicial esperan meses o años en centros penitenciarios comunes. Esta espera no es inocua: es un riesgo real de agravamiento y muchas veces con resultado de muerte.
La falta de camas para hospitalización y peritajes oportunos es la causa estructural que fuerza a jueces a decretar internaciones provisorias en cárceles, contraviniendo el artículo 457 del Código Procesal Penal, que prohíbe que las medidas de seguridad se ejecuten en establecimientos carcelarios. El procedimiento, según el artículo 464, es estrictamente terapéutico, no punitivo. Sin embargo, la ausencia de política de salud mental convierte la excepción en la regla y la internación provisoria ilegal en una condena.
El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (abril 2026) confirma que los delitos por los que se decreta la internación provisional son de baja entidad: «prevalencia significativa de delitos de menor gravedad o de carácter no violento… amenazas y desacato… conductas que pueden emerger en contextos de crisis, descompensación o desregulación conductual». Es decir: ninguna persona sin patologías mentales graves estaría presa por esos delitos. La cárcel no resuelve el problema: lo agrava, lo convierte en un castigo, que la mayor parte de las veces se traduce en tratos inhumanos, crueles y degradantes contra personas que jamás debieron pisar la cárcel. Estamos penalizando la enfermedad mental porque la sociedad ha escogido la discriminación y los tratos vejatorios, por sobre el derecho a ser tratados con dignidad y a la salud que les pertenece. De lo que estamos hablando, NO es el fin de un libro, sin más capítulos ni segundas partes: es la dignidad que merece cualquier ser humano, y mucho más cuando se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.
Las condiciones en prisión: la tortura como consecuencia previsible
La cárcel no es un lugar neutro donde la enfermedad «espera». Es un entorno que la profundiza hasta límites letales. Un post del periodista @lucho_vigo, citando una entrevista de Página/12, lo resume con precisión: «Las cárceles hoy son espacios donde las violencias se reproducen. La falta de actividades formativas, de oficios con finalidad productiva, o estudios secundarios o universitarios, es la causa de la reincidencia. Además del malestar al interior del encierro, con el agravamiento de la violencia, la salud y la salud mental.»
Esto es aún más grave cuando se trata de personas con discapacidad psicosocial grave encarceladas ilegalmente en Chile. No hay psiquiatras, psicólogos ni equipos de salud mental suficientes. La Regla 25 de las Reglas Nelson Mandela exige atención especializada. En Santiago 1, esa regla es una ficción. También existen denuncias documentadas por el Departamento de Protección y Promoción de DDHH de Gendarmería de Chile que confirman que los psicofármacos son sustraídos. Sin ellos, las personas sufren descompensaciones y crisis que luego son sancionadas disciplinariamente. La enfermedad se castiga dos veces, primero con la discriminación y trato desigual ante la ley, y luego con el castigo.
A fines de abril, personas con discapacidad psicosocial grave del módulo 2 de Santiago 1 fueron trasladadas esposadas y golpeadas al módulo 88 de CASTIGO. Durante más de un mes estuvieron sin colchones, sin agua potable, sin luz, con 2 inodoros para más de 80 personas y en hacinamiento brutal (5 a 7 personas en una celda para 1 persona). Expuestos a enfermedades contagiosas sin tratamiento que han tenido en riesgo de vida a muchas personas. Estas condiciones fueron denunciadas ante el INDH y el 7° Juzgado de Garantía, que constataron gravísimas vulneraciones de derechos.
Las muertes evitables: cuando la omisión mata
8 personas en internación provisoria ilegal han salido muertas de la cárcel. En mayo y junio de 2025, Jorge Soto y Marcos Vásquez fueron rechazados por el Hospital Horwitz a pesar de contar con órdenes judiciales para su hospitalización inmediata por falta de cupos. Fueron devueltos a prisión, y murieron en el Hospital Barros Luco sin que sus familias fueran informadas oportunamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, si una persona muere bajo custodia, el Estado debe probar que no fue responsable. En ninguno de los 8 casos de personas con discapacidad psicosocial grave, ha dado explicación satisfactoria. No ha investigado, no ha sancionado, no ha reparado.
La vulneración que denunciamos no es suma de errores burocráticos: es el resultado de decisiones institucionales sostenidas. Cada institución tiene una obligación legal, conoce la situación, sabe lo que tiene que hacer y no actúa en consecuencia.
Sin embargo, no es solo el Estado quien desvía la mirada frente al dolor infinito de la injusticia, la mayor parte de la gente que juzga sin más, es la misma que cuando ve a una persona en situación de calle, sufriendo el frío que cala el alma, el desamparo, el miedo y el hambre, (lo mismo que se vive en la cárcel), decide seguir su camino sin cuestionarse por qué está ahí, y mucho menos por qué algunos llegaron a la cárcel…, y luego, con un rezo, con un solo rezo, se desprenden de la realidad, como si estuvieran libres de llegar al mismo lugar. Pero se olvidan de que la vida es frágil e impredecible, y que, de un momento a otro, algo explota en el medio de la vida y te deja parado en un lugar que jamás en la vida imaginaste. Entonces, quizás valga la pena preguntarse: ¿qué tan distintos somos? Porque ese mismo paredón que hoy miras desde una “ventana” podría ser el mismo lugar que ocupes… Por eso, creo que hay que ser un “poquito” más cuidadosos cuando juzgamos al que “cayó”, porque no sabemos cuánto tuvo que atravesar para llegar hasta ahí… Por eso, si alguna vez puedes ayudar, ayuda, si puedes escuchar, escucha, si puedes dar una mano, dala, y si no sabes qué puedes hacer, por lo menos míralo, porque a veces, antes de “salvar a alguien” es demostrarle que todavía lo vemos como un igual, sin discriminación de ningún tipo.
El desmantelamiento de derechos a través del recorte presupuestario a derechos fundamentales como la salud y la educación, son la muestra evidente de que la impunidad de la dictadura y la de hoy, es la impunidad de un gobierno que decide no ver, no escuchar, no comprender el sufrimiento, y mucho menos invertir para actuar frente a la gravedad de la crisis de salud mental que vive nuestro país en la actualidad. Los índices de consumo de sustancias, de alcohol y de suicidios supera niveles nunca antes vistos. Creer que el problema lo tiene otro es soberbia, creer que hay temas que se pueden patear, termina mal, muy mal. Es urgente y necesario poner la ternura y la humildad al servicio de la Humanidad.
La culpa y la vergüenza deben cambiar de lugar: de las víctimas a los victimarios. No son las víctimas de los delitos de lesa humanidad, ni las personas con discapacidad psicosocial las que fallaron. No son sus madres las que fallaron. Son las instituciones las que, teniendo el deber legal, la información y los recursos, decidieron no actuar. Son los ministerios, los servicios estatales, que miraron hacia otro lado mientras personas morían en una celda que nunca debieron pisar. Son los mismos que hoy se preparan para indultar a quienes torturaron.
