Directiva ANFUSEPU
Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Seguridad Pública de la Subsecretaria de Prevención del Delito
Los hechos noticiosos observados en las últimas semanas en materia de seguridad, al alero de lo dinámico y cambiante que resulta ser la realidad política nacional, nos trae a colación un importante problema y desafío que resulta relevante visualizar: todo plan serio ante un problema complejo involucra siempre una aproximación amplia e integral respecto a sus causas.
Este punto resulta particularmente relevante considerando que de por medio se encuentra en juego la implementación de un Plan de Seguridad coherente por parte del gobierno actual, y por cierto la ejecución de políticas públicas eficaces e integrales por parte del Estado, que permitan proporcionar un mayor bienestar a la ciudadanía en materia de reducción de delitos violentos y del temor ante los mismos, así como en la recuperación territorial y la prevención general de ilícitos y violencias.
Así las cosas, tras la aliviante salida de la Ministra Trinidad Steinert y su Subsecretaria de confianza Ana Quintana -que dicho sea de paso dejaron la vara bastante baja en lo que refiere al desempeño de su rol político y técnico-, ha emergido un nuevo actor encarnado en la figura del nuevo Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien los días posteriores a la Cuenta Pública, ha sido el encargado de dar a conocer mediáticamente el nuevo Plan Operativo de Seguridad Pública del gobierno -créase o no, librito anillado de por medio– tanto en el Senado de la República, como en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, anunciando además la salida de ambos subsecretarios de su cartera.
En este escenario, desde una óptica in situ, como trabajadoras y trabajadores públicos con larga experiencia y conocimiento de causa, así como también desde nuestro rol sindical como Dirigentes de las Asociaciones de Funcionarias y Funcionarios de las Subsecretarías de Prevención del Delito y de Seguridad Pública, nos acercamos al Congreso junto al Presidente de la ANEF y asistimos a dichas sesiones legislativas, a partir de lo cual consideramos importante resignificar algunos elementos.
Partiendo por lo acertado, podemos relevar como positivo el hecho que el Ministro Arrau, a diferencia de su predecesora, sepa donde está situado y haya ratificado la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, que el gobierno saliente elaboró y publicó gracias al esfuerzo conjunto de un amplio grupo de expertos, conformado tanto por actores institucionales como académicos de distintas universidades. De esta manera, partiendo de la base de que no es necesario intentar descubrir la pólvora cada cuatro años, resulta apropiado y coherente que se visibilice y se le dé importancia a esta carta de navegación como instrumento base para una adecuada planificación estratégica dentro del marco legal y regulatorio vigente, según mandata la Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y mandata a implementar una política, estrategia bianual, planes, programas y proyectos integrales en seguridad.
Por otra parte, este último punto nos da pie a pensar también en lo que pudiera ser desacertado de aquí en adelante, lo cual sería concebir un Plan Operativo de Seguridad que dentro de sus medidas pase por alto el abarcar la totalidad de los seis ámbitos de acción que dicta la Política Nacional de Seguridad Pública ya mencionada, a saber:
i) prevención en niñez, adolescencias y juventud
ii) prevención territorial
iii) control del delito
iv) sanción
v) cárceles y reinserción social
vi) atención y protección de las víctimas.
Por lo visto, esto último es el principal problema y desafío sistémico que enfrenta el gobierno actual, ya que más allá de cualquier sesgo ideológico de corte refundacional en la materia, que busque colocar el énfasis exclusivamente en el control, la sanción punitiva y la estigmatización –registro de vándalos de por medio-, lo que debiera primar, según mandato legal y criterio de expertos, es llevar a cabo una política pública de enfoque integral en el ámbito de la seguridad, acompañada de una mejor gestión pública interinstitucional e interoperable, que no soslaye la necesidad de fortalecer los ámbitos más sociales de la seguridad, es decir, la prevención de las violencias y la protección de las víctimas. En concreto, se necesita robustecer programas de prevención comunitaria y territorial del delito, que promuevan la participación ciudadana, la cohesión social y la eficacia colectiva, junto con procurar una ágil operatoria del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas -hoy insólitamente descabezado y ralentizado-.
Finalmente, es necesario señalar además que es el momento de solicitar a la autoridad que, a modo de aclarar la incertidumbre generada y recogiendo el mensaje de emergencia que se ha instalado, precise al país cuáles serán las metas y costos específicos del plan propuesto, describiendo de forma clara y verificable también los tiempos en que espera lograrlas. No basta con enunciar lineamientos generales o presentar un listado de acciones en seguridad pública que puedan tener sentido técnico, la legitimidad de un plan, dentro de una estrategia y una política pública, también depende de su capacidad de fijar objetivos medibles, plazos realistas y mecanismos de seguimiento que permitan retomar confianzas y evaluar sus resultados con transparencia hacia la ciudadanía.
Considerando sean atendidas estas justas reflexiones, sólo el tiempo nos dirá entonces que tan acertada será la implementación y resultados del nuevo Plan Operativo de Seguridad del gobierno, más allá de su actual contenido dentro de un librito anillado.
