Un análisis académico del economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Usache, Victor Silva, expone los riesgos de la propuesta que busca extender a 16 semanas el cálculo de la jornada general y hasta 52 semanas en el sector turismo. La acumulación de fatiga, las fallas en la fiscalización y la vulnerabilidad de los trabajadores temporales concentran las críticas.

Con suma urgencia, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca flexibilizar la aplicación de la jornada de 40 horas, modificando los artículos 22, 22 bis y 32 del Código del Trabajo. La iniciativa amplia el período de referencia para promediar el tiempo laboral —elevándolo de cuatro a 16 semanas a nivel general, y hasta 52 semanas en el sector turismo—, además de autorizar hasta 12 domingos trabajables consecutivos y elevar a 10 días el tope de compensación anual por horas extraordinarias.

Aunque la propuesta mantiene el límite legal de 45 horas ordinarias semanales e impone la exigencia de un pacto escrito previo, la medida ha encendido alertas en el ámbito laboral. Víctor Silva, economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), abordó los aspectos críticos y la «letra chica» de esta reforma, advirtiendo sobre el desbalance de poder que amenaza a las y los trabajadores.

El proyecto modifica la compensación de horas extraordinarias, permitiendo acumular hasta 10 días hábiles de descanso al año (frente a los cinco actuales) y extendiendo el plazo para su uso a 12 meses. Según el especialista de la Usach, si bien la norma conserva el recargo del 50% o la fórmula de una hora y medio de descanso por hora trabajada, otorga una holgura a las empresas para administrar los picos de demanda sin realizar pagos inmediatos. «Esto alarga el tiempo en que el trabajador tiene esas horas ‘pendientes’ antes de ser compensadas o pagadas, lo que exige un seguimiento más riguroso para que no se transformen en una deuda laboral difícil de rastrear», advirtió Silva.

El desbalance de poder y la falta de fiscalización

Para el rubro del turismo, hoteles, restaurantes y servicios conexos, la iniciativa crea un régimen especial que permite promediar la jornada en un ciclo anual completo (52 semanas) y amplía de ocho a 12 los domingos consecutivos trabajables.Al respecto, el académico enfatizó las repercusiones humanas y de salud ocupacional que supone esta sobrecarga: «Ocho domingos seguidos ya es una carga considerable, y pasar a doce implica prácticamente tres meses sin descanso dominical. La evidencia en economía del trabajo muestra que la fatiga acumulada no se compensa completamente con descansos diferidos; el desgaste físico y mental de un ciclo largo sin el referente semanal afecta el desempeño, la seguridad laboral y la vida familiar».

El punto más complejo radica en la viabilidad real de fiscalización por parte de una Dirección del Trabajo sobrepasada ante la masividad de pymes, sumado al riesgo de abusos en contratos de temporada. Ante el término de la relación laboral, el proyecto establece que las horas no compensadas deben pagarse en el finiquito; sin embargo, en la práctica el trabajador estacional enfrenta una abierta asimetría.

«El trabajador debe saber que tiene ese derecho, poder acreditar las horas trabajadas de más y estar dispuesto a reclamarlas, algo poco probable si depende de que lo vuelvan a contratar la próxima temporada. El desbalance de poder entre empleador y trabajador temporal es el verdadero punto débil de la medida», explicó el economista.

Asimismo, Silva advirtió que la norma no protege al personal a honorarios, abriendo una ventana de precarización: si a las empresas les resulta complejo administrar los pactos y sus fiscalizaciones, podrían optar por la subcontratación o el pago a honorarios para eludir el Código del Trabajo. Para el mundo gremial y sindical, la efectividad de estos cambios dependerá de una fiscalización efectiva, registros digitales auditables y, fundamentalmente, de sindicatos con capacidad real de negociación.