El centro de Santiago y diversas comunas de la Región Metropolitana atraviesan una compleja controversia en torno a la gestión del espacio urbano. En los últimos meses, trabajadoras y trabajadores del arte popular y la artesanía itinerante han alertado sobre un significativo aumento en los procedimientos de decomiso e incautación de sus herramientas y piezas. La situación mantiene en alerta a los trabajadores y el gremio, que acusa «falta de protocolos claros y una tendencia a asimilar la creación artesanal con el comercio informal o ilegal sin distinción», señala el Sindicato Independiente Nacional de Artesanos Itinerantes y Cultores del Arte Popular Urbano (SINAC).
El colectivo recientemente convocó a una manifestación en el centro de Santiago donde llamaron a las autoridades gubernamentales y municipales a frenar lo que califica como «decomisos injustificados y establecer garantías mínimas de respeto hacia el oficio», en palabras de presidenta de SINAC, María Angélica Díaz.
Remarca además que el debate sobre el ordenamiento urbano sobrepasa las atribuciones de la administración de veredas y paseos peatonales abarcando una dimensión que afecta los derechos humanos y el derecho al trabajo. «Cuando hablamos de regular los espacios públicos para los artesanos, también hablamos de derechos humanos, porque detrás de cada herramienta, de cada pieza y de cada trabajo hay una persona, una historia, una trayectoria y una forma de ganarse la vida», expresa Díaz.
El gremio enfatiza que el patrimonio material y cultural que elaboran requiere tiempo, materias primas e indumentaria especializada. Por ello, la pérdida intempestiva de sus insumos y productos mediante decomisos punitivos compromete directamente el sustento económico de familias enteras y vulnera la dignidad de los cultores.
Propuesta: Regularización justa y reglas claras
Lejos de oponerse a la fiscalización o promover el desorden en la vía pública, la postura de SINAC apunta a construir un modelo sustentable donde la artesanía popular coexista armoniosamente con el flujo peatonal y comercial.
Para lograrlo, la propuesta del sector contempla diferenciar de forma clara la venta de productos hechos a mano respecto del comercio ambulante masivo de reventa o contrabando. Asimismo, plantean ordenar el Bien Nacional de Uso Público mediante mecanismos acordados con las municipalidades que permitan el trabajo en zonas aptas de la ciudad bajo regímenes transparentes de uso y permisos. Finalmente, instan a sustituir la incautación sistemática como única respuesta por un protocolo de fiscalización justo, donde prime el diálogo y existan reglas operativas inequívocas.
«No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo que nuestra realidad sea reconocida y que podamos trabajar de manera regulada sin que la única respuesta frente a nuestra actividad sea el decomiso», señala.
El gremio advierte también que la gestión y trazabilidad de los decomisos realizados en el comercio ambulante ha generado seria preocupación, luego de que solicitudes vía Ley de Transparencia revelaran severas irregularidades en los procedimientos. De un total de cuatro operativos fiscalizados en la comuna de Providencia —específicamente en el sector de Luis Thayer Ojeda—, en tres casos las especies incautadas, como piezas de joyería, herramientas e insumos de trabajo, fueron derivadas a remate o puestas en proceso de enajenación incluso antes de la citación ante el juez, mientras que en el cuarto de estos decomisos el juzgado declaró no poseer registro ni trazabilidad alguna. Esta falta de protocolos transparentes se extendería también a sectores como Lastarria, donde comerciantes denuncian el retiro constante de bienes en camionetas municipales sin la entrega del correspondiente comprobante o boleta de respaldo.
Con la movilización convocada y el inicio de mesas de diálogo con entidades de gobierno y del ámbito cultural, los cultores esperan avanzar hacia una regulación que garantice el equilibrio entre la seguridad, el libre tránsito urbano y el resguardo al patrimonio cultural vivo de la capital.
