En el actual escenario de «aterrizaje» de la nueva administración pública chilena, la relación entre el Estado y sus trabajadores enfrenta una tensión creciente debido a la interpretación de las normativas de control interno. Mientras el Gobierno impulsa políticas de eficiencia administrativa, los gremios de salud denuncian una desnaturalización de los instrumentos legales, transformando instancias de bienestar en mecanismos de vigilancia. En este contexto, la validez de los Comités de Ausentismo y el riesgo de despidos bajo criterios de optimización institucional se han convertido en temas críticos para la defensa de los derechos laborales en el sector salud. En ese sentido, se ha cuestionado mucho el rol que hoy cumplen los Comités de Ausentismo en el sector público.
Desde esa perspectiva, la Confederación FENATS Unitaria ha llevado adelante mesas de nehgociación sobre el tema y diversas gestiones con el ejecutivo. Desde el corazón legal de estas conversaciones, el abogado asesor de esta organización, Paulo Quezada realiza un propio diagnóstico sobre esta conversación en ciernes. «El diagnóstico es de una desvirtuación total. Hoy, los Comités de Ausentismo funcionan como entes controladores que no están amparados en la ley, ya que esta establece que son FONASA o la COMPIN quienes deben controlar las licencias. Se ha creado una instancia administrativa paralela que busca vigilar si el trabajador está en su casa o no, algo que en el sector privado sería motivo inmediato de una tutela laboral. A un trabajador con licencia no se le puede tocar ni llamar; sin embargo, aquí se usa al comité y, lo que es peor, se pretende involucrar al dirigente en una labor de control que no le corresponde», señala.
La propuesta de las entidades gremiales como la FENATS Unitaria plantean un cambio de paradigma, pasar del «ausentismo» a la «salud laboral». Una diferencia sustancial para Quezada. Según él, los esfuerzos del dirigente gremial no están orientados a fiscalizar a sus compañeros, sino para mejorar las condiciones de trabajo. «Debemos redibujar estos comités para que se enfoquen en la causa de la licencia y no en perseguir al trabajador. Si hay enfermedades profesionales o un desgaste emocional severo, el dirigente tiene la obligación legítima de actuar sobre ese origen. Cambiar el foco hacia la salud laboral es entender por qué la gente se enferma y atacar la raíz del problema, no castigar el síntoma», agrega.
Existe una preocupación latente por el discurso del actual Gobierno sobre «cortar la grasa» del Estado. Una práctica falaz de acomodo ante la cual el abogado advierte cautela: «Hay que tener mucho ojo. El temor es que estos mecanismos se utilicen para fines espurios o malintencionados. Bajo la bandera de la eficiencia, se pueden instrumentalizar los sumarios administrativos, las calificaciones y, muy especialmente, las declaraciones de vacancia para ir «vaciando» las instituciones de manera aparentemente legítima. Es una forma de despido encubierto»
«Debemos estar alertas. La FENATS Unitaria y los gremios en general deben vigilar cómo se aplican estos mecanismos legales. No podemos permitir que la institucionalidad se ocupe para perseguir trabajadores. Nuestra independencia es clave: no somos un apéndice de la administración, estamos para proteger la capacidad técnica del Estado y, por sobre todo, la integridad y los derechos de quienes lo conforman», finaliza.
