La seguridad pública, supuesto eje central del programa de gobierno del Presidente Kast lleva adelante una controvertida encrucijada de despidos institucionales en la Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública (ANFUSEPU). la organización denuncia que, en lo que va de la actual administración, se han ejecutado 41 despidos en la Subsecretaría de Prevención del Delito liderada por Ana Victoria Quintana. Esta reducción de personal es calificada por los trabajadores como un riesgo directo para la estabilidad del país, gatillando una movilización nacional ante la negativa de la autoridad para reconsiderar estas desvinculaciones.
Desde la dirigencia gremial, Rubén Valera, presidente de ANFUSEPU, ha sido enfático en alertar sobre los impactos operativos y políticos que conlleva la insuficiencia de dotación profesional. Según el dirigente, las decisiones de la subsecretaria Quintana comprometen no solo los presupuestos y programas prioritarios, sino también los plazos legales de normativas que fueron pilares de la campaña electoral, poniendo en duda la coherencia entre el discurso oficial y la capacidad técnica del Estado para cumplir sus promesas en materia de orden público.
Uno de los puntos de mayor preocupación radica en la Ley de Seguridad Municipal (N°21.802). Esta normativa crea la figura del Inspector de Seguridad Municipal para las 345 comunas de Chile, sin embargo, la falta de personal administrativo en la Subsecretaría impide que los municipios puedan realizar estos nombramientos. En la práctica, esto significa que la comunidad se quedará sin fiscalización local efectiva, dejando vacante una labor clave para la prevención de delitos a nivel territorial.
Asimismo, la Ley de Seguridad Privada (N°21.659), que regula el funcionamiento de más de 600.000 guardias y vigilantes a través de estándares en tecnología y fiscalización, se encuentra en vilo. La ausencia de control estatal por falta de personal técnico abre la puerta a que empresas operen sin las autorizaciones correspondientes. Esto expone directamente a la ciudadanía a servicios de seguridad privada que carecen de supervisión y estándares de calidad, debilitando el sistema de protección complementario que requiere el país.
El entorno escolar tampoco queda ajeno a esta crisis, ya que la Ley N°21.809 sobre Seguridad en Establecimientos Educacionales Públicos y Privados exige protocolos estrictos para detectar armas y elementos incendiarios. Sin los equipos técnicos de la Subsecretaría para entregar las orientaciones necesarias, los colegios no podrán implementar sus planes de seguridad, dejando a las comunidades educativas sin herramientas frente a riesgos que ponen en peligro la integridad física de estudiantes y docentes.
Ante este escenario, los trabajadores organizados exigen la reversión inmediata de las desvinculaciones en áreas críticas y el refuerzo de la dotación profesional para proteger las capacidades técnicas del Estado. La demanda central de la movilización apunta a la asignación de presupuesto suficiente que garantice que las leyes de seguridad no sean meras declaraciones de intención, sino instrumentos operativos que cuenten con el capital humano necesario para su correcta ejecución en beneficio de todos los chilenos.
