Directorio Nacional Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Públicos de la Educación
FENAEDUP
Sin duda que la probidad en la gestión de las instituciones del estado es una condición fundamental para preservar la fe pública. Sin ésta, la confianza de la población en sus instituciones se desvanece y la gobernanza se vuelve compleja o inviable. Actualmente, las cifras más optimistas muestran que en Chile la confianza en el gobierno es inferior al promedio de la OCDE (30% vs. 39% en 2023). En tanto, los partidos políticos y el congreso, con un 14% y 19%, aparecen como las instituciones de menor confianza respectivamente. Algo similar ocurre con el poder Judicial. (Estudio “Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE) *
No obstante, y pese a la sostenida y ascendente desconfianza ciudadana en las instituciones y las erráticas comunicaciones iniciales del gobierno en período de pandemia, pareciera que la inédita situación sanitaria ofreció espacios de renovada confianza entre las instituciones públicas y la comunidad, en especial en el ámbito de salud, educación y seguridad policial. Probablemente la disposición y cobertura de test, apertura de laboratorios, lugares de hospedaje, o la mantención del sistema de alimentación de la JUNAEB para más de un millón y medio de niños, niñas y jóvenes, la apertura del “canal TV educa Chile con material educativo facilitado por todos los canales y series educativas del Consejo Nacional de Televisión, o la creación del espacio radial Aprendo FM para reforzar los aprendizajes de los estudiantes de 7mo a 4to medio en seis asignaturas”, contribuyeron a crear puentes de cercanía entre la población y las instituciones del estado, donde las municipalidades también ocupan un rol fundamental. **
Sin embargo, pareciera que la pausa sanitaria del COVID, no logró consolidar relaciones sostenibles en el tiempo, al cabo de pocos años, se mantiene y profundiza la desconfianza. La brecha que se abre entre la ciudadanía y las instituciones públicas sigue alarmantemente en aumento. Pero ¿cómo se pasó de una valoración relativa de las y los funcionarios públicos, que “pusieron pecho”, incluso recursos propios e imaginación a las adversidades de la pandemia, para sustentar dispositivos de salud accesibles o dar continuidad a los estudios a niños, niñas y jóvenes de Jardines Infantiles y Escuelas, al descrédito más absoluto, luego de las denuncias por uso fraudulento de licencias médicas presentadas por la Contralora General de la Republica?
Hilo negro de larga data…
Lo cierto es que las dificultades de las instituciones públicas no son nuevas y tampoco se restringe a los problemas de probidad. La ausencia de políticas públicas robustas y coherentes o la falta de financiamiento para implementarlas; la sucesiva itinerancia de autoridades y gobiernos, que impide dar continuidad a programas y planes de desarrollo; la impunidad en los casos de alto connotación pública, o la transferencia desregulada de funcionarios de confianza de instituciones del estado, a empresas privadas y la permanencia del secreto bancario, son algunas de las condiciones preexistentes que van en dirección contraria a un buen servicio público.
A ello, se puede sumar las decenas de Informes e investigaciones presentados a las comisiones mixtas del parlamento, por parte de los gremios y sindicatos; dando cuenta de la progresiva precarización de las condiciones de trabajo y fragilidad de los dispositivos de control y fiscalización del estado. Mostrando con evidencia las consecuencias de restar atribuciones, facultades y recursos, porque hace laxa la presencia de las instituciones.
Sin embargo, en la misma medida que se han debilitado las instituciones, se ha profundizado la externalización y privatización del estado, entregando a grupos económicos la responsabilidad de segmentos importantes y estratégicos de la gestión pública. Lo que algunos han solido llamar modernización del estado. Se busca “reducir o eliminar la intervención de los gobiernos y reducir las regulaciones, bajo la promesa de una mayor prosperidad y eficiencia, a través de la libre actuación de las empresas privadas”. Es decir, la modelación normativa del estado va ahondando en mecanismos para beneficiar a las corporaciones privadas, a costa de la precarización de las instituciones del estado, que se suponen son las llamadas a garantizar el bienestar de la comunidad.
“Esta fragilización de la lógica pública ha sido fomentada por la naturalización de la idea de que la provisión, la gestión y el contenido de la educación escolar pueden estar subordinados a iniciativas privadas, aun cuando estén subvencionados con fondos públicos. La inducción de formatos de “asociación público-privado” se ha marcado como alternativa “exitosa” para mejorar la calidad educativa por agencias internacionales como el Banco Mundial”. (Kless at al 2012; Robertson e Vega, 2012)
En el caso de los procesos de privatización de educación, se ha dado paso a la “desconstrucción de la lógica pública de las políticas que apuntan a garantizar este derecho”. En otras palabras, la mercantilización sostenida de la educación comienza a ejercer una presión tendiente a condicionar el interés público y colectivo a motivaciones privadas o particulares”, eclipsando las posibilidades de control y debate público.
Con todo esto, llama la atención de aquellos que han promovido en el parlamento la ideología de la flexibilización o de los grupos de intereses empresariales que han impulsado una agenda de la desregulación del estado, bajo la consigna de modernizar el estado; que ahora celebren y aplaudan sin pudor las denuncias de la nueva Contralora y se presenten como tutores de la probidad.
¿Realmente nos sorprende la condición actual de las instituciones del estado?, ¿no cabe algo cinismo en la preocupación? o sólo es ¿una pose para seguir manteniendo escenarios favorables que beneficia a grupos de intereses corporativos específicos?. Quien se enfoca sólo en las consecuencias o efectos no deseados de la gestión pública precarizada, como el uso abusivo de la licencia médica, fuera de mirar con parcialidad y “cortar el hilo por lo más delgado” del problema, obviando las razones estructurales de la fragilidad institucional del estado; se convierte en cómplice del statu quo y condescendiente de los intereses dominantes y hegemónicos existente en nuestro país.
El devenir de las instituciones públicas, no se explica exclusivamente por acciones u omisiones individuales, ni por todas ellas sumadas; encuentra una explicación más profunda en el vaciamiento deliberado del sentido público del estado. Sobrevalorar la relación público – privada, sin regulación, ni control ha sido la agenda de sectores bien definidos de nuestra sociedad y no ha garantizado necesariamente un beneficio sostenible para las comunidades, ni para las trabajadoras.
Cabe observar la actitud que tomarán las organizaciones civiles, territoriales y sindicatos; son los agentes que pueden hacer una diferencia, en la medida que se construya una unidad de propósitos y una economía organizacional autónoma, capaz de impulsar las transformaciones y dar una visión renovada y pertinente del sentido público del estado. Recuperar la confianza ciudadana, será una tarea más profunda que mejorar indicadores de aceptabilidad, lleva la elaboración de una estrategia para recomponer el tejido social, que dispute el sentido del estado, cuestione y supere el modelo público-privado y proponga una visión virtuosa entre lo público y la comunidad. En este espacio, las organizaciones intermedias y civiles de la sociedad tienen una oportunidad histórica de perfilar un proyecto propio y construir el sujeto social capaz de impulsarlas.
*De acuerdo con las mediciones de la opinión pública, Chile tiene en la actualidad una confianza institucional deteriorada. Según la medición de la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio y julio 2023, el gobierno alcanza solo un 18% de confianza de parte de la ciudadanía. La confianza en el Congreso es de un 8% y en los partidos políticos un 3%, teniendo estas últimas instituciones el menor porcentaje de confianza. (Libro Estudio: Confianza institucional en Chile: un desafío para el desarrollo IGNACIO IRARRÁZAVAL Y FLORENCIA CRUZ)
**Finalmente, al consultar a los entrevistados sobre cuáles son las tres instituciones en las que más confía, lideran quienes indican a los medios de comunicación (34%), la policía de investigaciones (27%) y carabineros (18%). Quienes indican “ninguna” alcanzan un 13%, lo que corresponde a una disminución significativa respecto al 24% obtenido en 2019. En cuanto a la evaluación que realizan sobre el rol que han cumplido diversos organismos en el contexto de la pandemia, el Servicio de Salud obtiene la mejor evaluación, alcanzando un promedio igual a 5,9 mientras el Congreso nacional fue la peor evaluada, obteniendo un 2,9. ESTUDIO NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2020.
