El otorgamiento de beneficios penales por parte del Gobierno a 56 sentenciados por abuso sexual y violación de menores desencadenó una fuerte crisis política y el rechazo categórico de los funcionarios del sector, quienes advierten un grave riesgo para las víctimas.
El otorgamiento de beneficios penales por parte del Gobierno a 56 sentenciados por abuso sexual y violación de menores desencadenó una fuerte crisis política y el rechazo categórico de las organizaciones y trabajadores de las redes de protección a la infancia y la adolescencia, quienes advierten un grave riesgo para las víctimas.
La medida, adoptada bajo la prerrogativa legal que permite al Ministerio de Justicia e instituciones penitenciarias incentivar la buena conducta de los reclusos, ha generado dura resistencia tanto en el oficialismo como en la oposición, sumándose al malestar de las organizaciones gremiales del sector.
Frente a esta contingencia, la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA) expresó su profunda preocupación por el impacto de estas decisiones en el sistema de protección e integridad de los afectados. La entidad gremial argumentó que, más allá de los marcos legales esgrimidos por la autoridad, la situación evidencia fallas de fondo en la institucionalidad: «Más allá de las explicaciones jurídicas que se han dado, el fondo del problema es que, pese a los avances de los últimos años, nuestro sistema sigue dejando espacios para que quienes cometieron los crímenes más graves contra la niñez accedan anticipadamente a la libertad», señalaron.
Los trabajadores que acompañan cotidianamente a las víctimas en la red de protección subrayaron el retroceso que implica la medida para los procesos de reparación. «Conocemos el daño que dejan, y sabemos que cada uno de estos casos tiene un rostro y una historia. Para esas víctimas y sus familias, una noticia como esta reabre heridas y debilita la confianza en que el Estado está de su lado», agregaron desde la directiva.
Llamado a medidas de resguardo
Ante la inminente liberación o reducción de penas de los agresores, ANFUSEPNA formuló un llamado urgente al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y al Poder Judicial para actuar con celeridad e independencia de coyunturas políticas.
En primer lugar, exigieron la adopción inmediata de protocolos y medidas de protección urgente para los niños, niñas y adolescentes que puedan verse expuestos o en situación de riesgo tras la concesión de estos beneficios. Asimismo, solicitaron revisar exhaustivamente la fase de ejecución de penas en el Congreso Nacional con el objetivo de eliminar los vacíos legales que permiten la aplicación de beneficios penales a sentenciados por delitos sexuales contra menores.
«El interés superior del niño debe estar por sobre cualquier otra consideración», concluyeron desde el gremio, enfatizando que el resguardo y la seguridad de la infancia deben prevalecer de forma absoluta en las políticas del Estado.
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