Desde abril de este año, el Decreto N°331 del Ministerio de Hacienda dictó un recorte presupuestario de $32.721 millones que afectó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La medida impactó particularmente al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y programas de niñez, pueblos indígenas y discapacidad.
Al respecto, Johanna Escanilla, representante de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud y de la Federación de Asociaciones de Funcionarios/as de Servicios Relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; explica que los despidos a raíz de estos recortes han sido masivos y han afectado de manera crítica el funcionamiento de estos servicios.
Denuncia también una gestión arbitraria detrás de este recorte de insumos que afectará irremisiblemente a sectores vulnerables de la sociedad chilena. A la fecha ya se ha desvinculado a 77 trabajadores de un total de162 trabajadores a nivel nacional. «Tenemos funcionarios y funcionarias que fueron desvinculados con 20 años de servicio sin ningún criterio ni consideración. Profesionales a los que les faltaban 5 años para acogerse al retiro y que llevaban más de 20 años de trabajo en la institución”, señala.
Las críticas apuntan directamente al director nacional subrogante, Juan Alexis Acevedo, a quien se le acusa de realizar una gestión deficiente y de aplicar criterios políticos en estas desvinculaciones. Según la denuncia, Acevedo -quien ingresó en el gobierno de Piñera II como jefe de gabinete y luego obtuvo un cargo por Alta Dirección Pública- removió cargos que habían ingresado bajo administración de Gabriel Boric, manteniendo a las jefaturas que venían del gobierno anterior, como el jefe jurídico y el jefe subrogante del Departamento de Administración y Finanzas.
Sobre la reestructuración de áreas específicas, Escanilla detalla que en el del Departamento de Coordinación Programática hubo un desmantelamiento en el que se dejó a tres personas de cerca de 13 funcionarios. Otras áreas no sufrieron el mismo impacto, agrega: “En el departamento de informática se mantuvo a la totalidad del personal sin registrar despidos, mientras que en finanzas (DAF) también se conservó a los equipos, evidenciando, según la denunciante, “cero criterio» en la conducción del proceso.
